El Estado negligente
Cuando
hay descuido en el cumplimiento del deber, hablamos de negligencia.
Siempre
es una conducta inapropiada, no cabe duda, pero hay casos en que sus
consecuencias son tan graves (malos diseños de arquitectos, cálculos erróneos
de ingenieros, procedimientos mal ejecutados por médicos) que tiene sanción
penal. Un descuido que afecta la integridad, e incluso la vida, de las
personas, no puede ser impunemente tolerado por la sociedad. Su ocurrencia debe
ser sancionada y así lo establece, de hecho, nuestra normativa.
Nada
dice ésta, sin embargo, cuando quien comete la negligencia, cuando quien peca
de inaceptable descuido, es una institución (nuestro ordenamiento legal sólo sanciona
a las personas naturales). Y menos aún, cuando esta institución es el Estado.
Porque el Estado también comete descuidos
que afectan la integridad, el peculio e incluso la vida, de las personas.
Permítame, apreciado lector, detallarle algunos ejemplos:
Anualmente,
se cometen en Chile del orden de 50 femicidios. Las estadísticas de Sernam
hablan de 299 entre 2007 y 2012, y 36 (41, si incluimos a los hijos asesinados)
en lo que va corrido del 2013. En la mayoría de los casos, hay antecedentes
previos de violencia intrafamiliar; en casi un 50% de ellos, de hecho, había denuncias
que llegaron a la justicia, donde se dictaminó la prohibición del victimario
para acercarse a la víctima.
Ni
hablar de los casos reiterados de violencia intrafamiliar, que suman miles, y
donde también, en muchos de ellos, existen dictámenes judiciales que impedirían
al agresor tomar contacto con los agredidos.
Uno
supondría que ante tal escenario, el Estado estaría enfrascado en una lucha
contra el tiempo para generar mecanismos que permitan, si no eliminar, al menos
reducir este flagelo.
Pero
no. El Estado chileno ha sido negligente en custodiar las preciosas vidas de
sus ciudadanas. Con un retraso de unos 20 años, se publicó en nuestro Diario
Oficial el 27 de junio del año pasado la ley 18.216, que autoriza, entre otras
medidas, el uso del brazalete electrónico como medida alternativa a la
privación o restricción de libertad. El reglamento correspondiente se publicó
el 18 de enero del año en curso. Casi un año más tarde, no se registra avance
alguno en la materia. Estamos en punto cero. Aún no se decide el tipo de
sistema a implementar y, menos aún, se efectúa la licitación correspondiente. Tendremos
que esperar seguramente hasta el próximo gobierno para que salga humo blanco.
Si es que sale, por cierto, pues desconocemos las prioridades de la nueva
Presidenta en la materia. Razones de la demora puede haber muchas, pero el
hecho concreto es ése: si un tribunal de la República determina que un sujeto
culpable de violencia intrafamiliar no puede acercarse a su víctima, hoy no hay
manera alguna de controlarlo.
Y,
por cierto, está la circunstancia de que en los hechos, la protección es
impracticable. En efecto, la ley (y por consiguiente el reglamento) fue
redactada con el codo, ya que entrega el control de un sistema destinado a
prevenir un delito, a Gendarmería, institución que carece de la capacidad
técnica, física y legal para ejercerlo. Por ejemplo, si ella llega a detectar
una conducta del eventual victimario que pone en peligro la vida de la víctima (si
el sujeto se acerca peligrosamente al domicilio de ésta, por ejemplo), no tiene
posibilidad alguna de transformarla en una acción efectiva de protección en un
lapso razonable. La víctima estará muerta antes de que alguien pueda mover un
dedo para salvarla.
Así
que en los próximos años, por negligencia de nuestro Estado, tendremos que
lamentar más femicidios que podrían evitarse. Hasta que se implemente un
sistema adecuado y se deje en manos de quien corresponda. ¿Y nuestros legisladores
y funcionarios gubernamentales, responsables del desaguisado? Muy bien,
gracias. Siguen cobrando regularmente su sueldo (nada de despreciable) a fin de
mes.
Siguiendo
con los sistemas de telemonitoreo, ¿tiene usted, amigo lector, alguna
explicación de por qué no se exige legalmente que todos los automóviles nuevos
(y los notebooks) vengan de fábrica con un sistema de posicionamiento satelital
incorporado? Yo puedo darle una: el nuestro es un Estado reactivo, que no está
pendiente de hacer uso de los avances tecnológicos en beneficio de sus
ciudadanos.
Otra
perla para el collar: ¿ha oído hablar del sistema AFIS? Es un sistema de
identificación avanzada que usan, desde el 2009, nuestras policías. Como en las
películas, si usted tiene las huellas de un delincuente y quiere identificarlo,
las introduce en el sistema y éste las compara con una base de datos,
entregando el resultado a los pocos minutos. También se usa cuando existe una
víctima sin identificar (ya sea a consecuencia de un delito o de un accidente).
Excelente
noticia, dirá usted. ¿Dónde está ahí la negligencia del Estado? Pues, nada
menos que en la base de datos. Las restricciones impuestas por nuestros
colegisladores al uso del sistema, permiten que en ésta sólo estén, a la fecha,
los datos de la policía y los de quienes han sido condenados por penas
aflictivas. De nadie más. De manera que si el delincuente en cuestión es
primerizo o no ha sido aún condenado, o si la victima por identificar no es
policía ni un malandrín ya prontuariado, el sistema no sirve. Usted no puede
usar la vía pavimentada, sino que tiene que utilizar el camino de tierra
(varios días de trabajo manual, con apoyo de peritos y con resultado incierto).
Nuestro Estado negligente se ha encargado, pues, de torpedear un excelente sistema
destinado a agilizar la acción de la policía, evitando su pleno uso y obligando
a ésta a utilizar su escaso tiempo en actividades innecesarias. ¿Cómo lo halla?
Cuarto
otrosí, como dicen nuestros abogados (y a propósito de un tema legal): se
comenta desde hace varios años en los pasillos de los juzgados y en los
cuarteles de la policía (imagino que los abogados de las entidades crediticias
también habrán escuchado el comentario), que nuestro actual sistema de remates,
tanto de automóviles como de inmuebles, podría llegar fácilmente a convertirse
en escenario de la acción de las mafias de la droga. Se dice que podrían aprovechar,
si quisieran, en su beneficio un vacío legal: que no se obligue al
adjudicatario del remate a inscribir a su nombre el bien adjudicado. Las mafias
podrían adquirir los inmuebles, tramitar los alzamientos correspondientes, y
colocarlos (con alguna ganancia, por cierto) en poder de terceros adquirentes,
quienes procederían a efectuar la correspondiente inscripción. Se podría evitar,
con ello, dejar huellas.
Un
Estado previsor, preocupado de sus ciudadanos, debería estar alerta a estos
comentarios y tomar las medidas pertinentes para evitar cualquier mal uso de
nuestros procedimientos legales. La solución es sencilla: establecer la
obligación del adjudicatario, del que figura en el acta de remate, de inscribir
el bien adjudicado a su nombre para perfeccionar la operación, impidiendo un
eventual traspaso a terceros antes de que éste ocurra. Eso haría bastante
difícil que una posibilidad como la mencionada, llegara a materializarse. Por
cierto, nuestro Estado negligente no lo ha hecho. Tampoco se tiene noticia de
que esté planeando hacerlo. Tal vez estará esperando que la potencial amenaza deslizada
en los comentarios se concrete, para actuar reactivamente.
Dejemos,
en beneficio del espacio, sólo esos cuatro botones de muestra por el momento.
Hay muchos más. Usted, estimado lector, conocerá seguramente varios. Y la causa
de todos, insistamos, es evidente: tenemos un Estado negligente, un Estado reactivo,
incluso indolente.
Sería
hora de irle poniendo atajo a esta situación, ¿no le parece? Aunque con la
limitada capacidad de maniobra que tenemos los ciudadanos de a pie, no veo
cómo. Aquéllos que son creyentes tienen al menos la opción, siguiendo el
ejemplo de Evelyn, de implorar al Magnánimo. En una de ésas, se apiada y nos
envía políticos que se preocupen realmente de las necesidades de la gente. Los
que no lo somos, estamos liquidados: tenemos que depender del azar. Y las
probabilidades, según lo que hemos constatado en estos 24 años de democracia,
son bajas. Casi inexistentes.
Tal
vez en los próximos 24 años, si tenemos suerte… Dios dirá.
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