El combate contra la corrupción: el mejor tema central de la próxima campaña electoral

La próxima elección presidencial será, se dice, la más disputada desde el retorno de la democracia. La de resultado más incierto. Parece, cosa extraña en política, haber unanimidad en ello.

Los datos existentes avalan esa percepción. A la fecha, por más que algunos sectores intenten sacar cuentas alegres, no existe un candidato fuerte. De hecho, ninguno muestra apoyos concluyentes. Sebastián Piñera, duramente cuestionado por su imprudente (por decir lo menos) manejo financiero, lleva meses empantanado en un 24%. Alejandro Guillier, atrapado por las debilidades de su coalición (y también por las suyas, dicen algunos), parece estarse desmoronando. Ni hablar de Carolina Goic, que casi no marca en las encuestas. En este deplorable contexto, solo Beatriz Sánchez parece ir viento en popa, aunque se desconoce su real potencial.

En un escenario tan competitivo como el descrito (tan “líquido”, como dicen algunos expertos), las campañas electorales adquirirán una relevancia que no han tenido hasta la fecha. Más aún cuando existe la evidencia empírica de que, en determinadas circunstancias, un candidato puede ganar una elección gracias a su campaña (Donald Trump es un ejemplo reciente). ¿Cuáles son esas circunstancias? Pues, la inexistencia de un candidato fuerte, un descontento generalizado entre los potenciales votantes, un fuerte deterioro de la credibilidad y del prestigio de los partidos políticos y de sus miembros, y un creciente desprestigio de las instituciones. Y da la casualidad de que todas ellas, sin excepción, están presentes hoy en nuestro país.

Para ganar esta elección, en consecuencia, es indispensable una buena campaña electoral. Pero… ¿qué características debería tener esta? Lo invito, primero, a identificarlas y, segundo, a que analicemos cómo deberían aplicarse en la presente contienda eleccionaria.

Los cuatro pilares de una buena campaña electoral

Una buena campaña electoral es aquella que consigue imponer el tema central del debate pre eleccionario. Esa que se apropia de los foros, las columnas y los programas políticos. La que, en definitiva, logra que el asunto que uno propuso, el que uno maneja mejor que el resto, el que a uno le conviene, predomine sobre las propuestas de los demás competidores.

¿Cómo se consigue semejante logro? Mediante una estrategia que consta de cuatro pasos, los cuatro pilares de una buena campaña electoral. Permítame presentárselos.

1.- Seleccionar un tema central capaz de imponerse a los de los adversarios

Esta es la clave. Si uno de los candidatos logra imponer el tema central de su campaña sobre los de sus adversarios, en un escenario como el presente tiene altas posibilidades de alzarse con la victoria (tanto él como sus candidatos al Parlamento). Como bien saben (o deberían saber) los expertos en marketing político, un buen tema central de campaña tiene que, ineludiblemente, cumplir dos condiciones: en primer lugar, debe corresponder a la satisfacción de una necesidad urgente, a la corrección de una grave falencia o a la solución de un serio problema que afecta conscientemente a un porcentaje importante del electorado (en palabras simples, se trata de proponer a los votantes una razón de peso para concurrir a las urnas); y en segundo, algo que es de extrema relevancia, debe resultar incómodo, molesto, desagradable, en lo posible insoportable para los adversarios.

¿Cómo se selecciona? Indagando las más sentidas preocupaciones del electorado, los asuntos peor evaluados, las situaciones que le generan mayor molestia, indignación y rechazo, y seleccionando de entre ellas la que cumple de mejor manera con las dos condiciones señaladas.

2.- Elegir los símbolos apropiados para el tema escogido

Un tema central potente, sin embargo, no sirve de nada si no se simboliza adecuadamente. Una campaña política es, en la práctica, una guerra; y en una guerra se necesitan adversarios concretos y definidos a los cuales enfrentarse. Los símbolos cumplen esa función. Son manifestaciones claramente identificables y entendibles del tema central escogido. Los enemigos específicos a los cuales el candidato y la coalición que él representa pretenden combatir.

3.- Proponer medidas de alto impacto comunicacional para atacar a los símbolos elegidos

Usted puede lanzar al ruedo un tema de alto impacto y seleccionar sus manifestaciones más identificables para simbolizarlo, pero eso no basta. Hay que plantear medidas concretas para hacerles frente, las que deben, necesariamente, generar polémica. Son las llamadas a permanecer en los medios y en las discusiones públicas y privadas; aquellas de las que, literalmente, el mundo entero debe hablar durante todo el transcurso de la campaña; las que, bien expuestas, motivarán al electorado a ejercer su voto a favor del candidato que las propicia.

4.- Mostrarse como un líder capaz de implementarlas pese a la oposición del establishment

Pero falta aún algo muy importante. Para ganar una guerra, aparte de una razón para luchar, de enemigos a los cuales enfrentarse y de polémicas medidas concretas para hacerlo, se necesita un adalid; un comandante; un líder capaz de conducir a sus huestes a la victoria. De ahí que el candidato debe mostrarse, con hechos concretos, como alguien ejecutivo, capaz de imponerse a quienes lo respaldan, asertivo y que, muy importante, no le teme al establishment; que es capaz de enfrentarse a él sin echar pie atrás; que “no arruga”, por temible que parezca el adversario.

Así que aquí los tiene, los cuatro pilares de una buena estrategia electoral: imponer el tema central de la misma (un grave problema social que no ha sido ni será resuelto por los contrincantes); simbolizarlo adecuadamente (con exponentes concretos del problema a los cuales se debe combatir); proponer medidas de alto impacto para atacar a los símbolos elegidos (de esas que se eternizan en los medios); y mostrarse como un líder capaz de materializarlas, aunque todo el establishment se le oponga.

Agreguemos a lo anterior una estrategia comunicacional orientada a mantener los cuatro pilares siempre visibles ante los ojos de la opinión pública, y tendremos la campaña completa. ¿Qué le parece? ¿Bien? Pues, lo invito a que analicemos cómo puede ponerse en práctica en la presente contienda electoral.

El tema central de la campaña

No sé si usted coincidirá conmigo, pero para mí el tema central de la próxima campaña electoral, aquel que debería tomarse la agenda, las redes sociales y las portadas de los medios periodísticos, ese que tendría que monopolizar el debate, no puede ser otro que terminar con la corrupción. Es tan brutal este flagelo, está tan extendido (pareciera que no hay institución que se salve), es tan alto el porcentaje de chilenos que ya no lo soporta y resulta tan fácil de simbolizar que parece imposible encontrar uno más apropiado. Tanto más cuanto que también cumple con la condición de ser en extremo incómodo para casi todos los competidores.

Además, es un tema que obedece a una necesidad imperiosa de nuestra sociedad. Los chilenos necesitamos recuperar la confianza en nuestras instituciones. Necesitamos tener la plena certeza de que el SII es un organismo público que está a nuestro servicio, no como hoy, que se ha transformado, por culpa de su director, en una entidad protectora de delincuentes (de cuello y corbata, pero delincuentes, al fin y al cabo). Necesitamos confiar en que el Consejo de Defensa del Estado, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, Capredena, el Sename y todos los servicios del Estado no son entidades benefactoras de políticos, sino lugares donde se desempeñan los funcionarios de carrera más capaces. Necesitamos saber que casos como el de Javiera Blanco, entre otros, nunca volverán a repetirse.

Así que, salvo que a usted se le ocurra uno mejor, postulo a “Terminar con la corrupción” como el gran tema central de la campaña que se avecina.

Los símbolos de la corrupción

Son esos hechos que, cuando usted piensa en ese asqueroso flagelo, resultan ser los primeros que se le vienen a la cabeza. Los que más claramente se asocian a él. Los que todos quisiéramos extirpar para siempre de nuestra vida ciudadana. Tome nota, si le parece, de aquellos que considero más apropiados (y aproveche de pensar cuáles serían las respuestas que tendría cada uno de los candidatos en relación con ellos):

1.- La impunidad: ¿Hay alguna duda de que, para terminar con la corrupción, es indispensable, primero, acabar con la impunidad? Resulta obvio, ¿verdad?, porque la inexistencia de penalización es un incentivo para los políticos deshonestos y porque la impunidad es, en sí misma, una forma de corrupción. Y, ¿no le parece que la ciudadanía apoyaría masivamente cualquier propuesta seria al respecto? Imagine la cantidad de ejemplos que podrían presentarse para respaldarla: todos aquellos delincuentes de cuello y corbata a los que el SII ha protegido al no querellarse en su contra, Ponce Lerou, Jovino Novoa, los numerosos diputados y senadores que han estado involucrados en actos corruptos, todas las empresas y personas que no han sido investigadas por la Fiscalía en el marco de las ilegales “donaciones” a los políticos, el mismísimo Pïñera. Uf… el listado es interminable. Como enemigo a enfrentar, la impunidad parece formidable. Como símbolo de la brutal corrupción que nos afecta, inmejorable.

2.- La falta de probidad: En el Chile de hoy, la falta de probidad —esto es, el acto de privilegiar, en el desempeño de una función pública, los intereses particulares por sobre el general—, no se sanciona. Un funcionario público puede, con total tranquilidad, pasarla a llevar de manera reiterada, sin sufrir consecuencia alguna. Opera así de capitán a paje, de manera generalizada, a vista y paciencia de los ciudadanos. También, al igual que en el caso anterior, sobran los ejemplos. Sin ir más lejos, incurren en falta de probidad todos los funcionarios públicos que, estando en conocimiento de la existencia de delitos, no los denuncian dentro del plazo de 24 horas. ¿Se ha preguntado cuántos delitos que no ha denunciado ha conocido el Director del SII? Aquí, un candidato avezado puede hacerse un picnic. Por ello, la falta de probidad es una excelente candidata a ser presentada como símbolo de la corrupción.

3.- Los cargos políticos: El uso del aparato estatal para pagar favores políticos y darle trabajo a los parientes, amigos y camaradas de partido, es uno de los actos de corrupción más groseramente comunes en nuestro país. Son miles los cargos que, como botín de los vencedores, quedan a disposición de las colectividades ganadoras en los ministerios, servicios, direcciones, embajadas y demás organismos públicos (Capredena y el Consejo de Defensa del Estado, por ejemplo); y son muchos los millones de dólares que, como consecuencia de ello, se birlan al erario público para pagar a personas que ni siquiera, la mayor parte de las veces, cuentan con calificaciones para los cargos que ocupan. Un descarado saqueo institucionalizado en toda regla y, como consecuencia de ello, un muy buen símbolo de la corrupción.

4.- Las dietas parlamentarias y presidenciales, y los megasueldos de ministros y jefes de reparticiones: A ver, confiésese. ¿Siente indignación cuando escucha o lee acerca de las escandalosas dietas que los parlamentarios se autofijaron durante el gobierno de Ricardo Lagos? ¿Lo domina la ira cuando recuerda que el Estado, con dineros de todos nosotros, les paga más de $ 16 millones mensuales a los ex presidentes, Piñera entre ellos? ¿Hierve de rabia cuando constata que los sueldos brutos de ministros y jefes de reparticiones se empinan por sobre los $ 8 millones al mes? ¿Le parece que todo ese desfalco es el colmo del caradurismo y de la sinvergüenzura? Pues, usted está en la posición de la inmensa mayoría de los chilenos, que encuentra que este acto corrupto, que se generó gracias a una colusión entre el gobierno de Ricardo Lagos y la UDI pero que fue validado por el resto del sistema político, es inaceptable. Por ello, no puede estar ausente como símbolo de la corrupción.

5.- Las leyes que favorecen a pequeños grupos privilegiados a costa de perjudicar a todo el país: Voy a mencionar solo tres: la ley de pesca, la norma que permite la existencia del goodwill tributario y la que establece, dentro del DL 3500, la obligación para todos los afiliados al sistema de pensiones, de pagarle 35 años de comisión anticipada de las AFP. Las tres son normas que deben su existencia, exclusivamente, a la corrupción de nuestros gobernantes y parlamentarios. Todas fueron implementadas específicamente para beneficiar a pequeños pero muy poderosos grupos empresariales a costa de perjudicar manifiestamente a la inmensa mayoría de los chilenos. La ley de pesca entrega en forma gratuita el usufructo de casi todos nuestros recursos pesqueros a solo siete familias. El goodwill es una franquicia tributaria que Piñera, con la complicidad de la Nueva Mayoría, obsequió a un pequeño grupo de empresas (Cuprum y Provida entre ellas), sin ninguna justificación (a menos que se considere como tal los ingentes beneficios que recibieron los verdaderos beneficiarios de dicha medida; ¿sabe usted quiénes fueron?). La comisión anticipada es un mecanismo mediante el cual el Estado permite que las AFP perjudiquen financieramente a todos sus afiliados para obtener ganancias indebidas. Un candidato avispado podría editar videos didácticos explicando de manera sencilla por qué dichas leyes constituyen brutales actos de corrupción y las transformaría, rápidamente, en las muestras virales fehacientes de cómo el poder económico corrompe hasta la médula a nuestros funcionarios y parlamentarios, y de cómo estos, por cierto, se dejan corromper.

6.- La indefensión de los ciudadanos frente al abuso y a la conculcación de sus derechos fundamentales por parte del Estado: ¿Se ha preguntado por qué razón ocurren tantos y tan graves hechos de corrupción en nuestro país? ¿Y por qué quedan impunes? Hay varias razones, pero una de las principales es que no existe ninguna instancia confiable a la que los ciudadanos podamos recurrir para que defienda nuestros derechos y garantías constitucionales. Hoy, si el Gobierno, el Parlamento, el Poder Judicial, la Fiscalía, el SII o cualquier servicio público los amenaza o vulnera, solo nos queda agachar la cabeza. Estamos completamente indefensos. El Poder Judicial, a quien la Constitución encarga el resguardo, a través del recurso de protección, de dichos derechos, no está a la altura. No da el ancho. Tengo en mi poder un fallo vergonzoso de la Corte de Apelaciones de San Miguel, refrendado por la Corte Suprema, donde se fundamenta el rechazo de un recurso de protección argumentando que el ejercicio, por parte del Estado, de sus facultades legislativas, no puede amenazar o vulnerar las garantías fundamentales de los ciudadanos. Vale decir, que las facultades legislativas del Estado están por sobre los derechos constitucionales. Por sobre, por ejemplo, la Igualdad ante la ley. ¿Se da cuenta del precario nivel de nuestros magistrados en esta materia? Según ese aberrante, gravísimo e inaceptable argumento, si mañana el Estado, haciendo uso de sus facultades legislativas, dictara una ley reponiendo la esclavitud, nadie podría usar el recurso de protección para resguardarse.

Una de las peores formas de corrupción es el abuso por parte de las autoridades en contra de sus gobernados. Un Estado que lo permite es, por ese solo hecho, un Estado corrupto. Por tales razones, la ausencia de protección de los derechos ciudadanos debe figurar, sin ninguna duda, entre los principales símbolos de la corrupción.

Hay más posibles símbolos, por supuesto, pero estos son, a mi juicio, los más adecuados, los más visibles y los más ilustrativos. Por supuesto, usted es libre de completar o modificar esta lista con aquellos que considere más apropiados.

Las medidas a proponer para combatir a la corrupción

Como ya vimos, estas deben apuntar directamente contra los símbolos y, además, generar un alto impacto en la opinión pública. Sin pretender elaborar una lista exhaustiva, le propongo las siguientes:

1.- Eliminar la prescripción para todos los delitos cometidos contra el erario público. ¿Le enferma la impunidad reinante? Es, tal vez, el símbolo más despreciable de la corrupción. Pues, aquí le presento la más drástica medida anti impunidad que puede implementarse. La que permitiría atacar semejante infamia desde su misma raíz. Imagine un escenario donde estemos debatiendo acerca de la opción concreta de investigar penalmente las privatizaciones efectuadas en dictadura. O los sobresueldos del gobierno de Lagos. O a todas las empresas que financiaron a los políticos recurriendo a facturas y boletas “ideológicamente falsas”, y que “pasaron coladas” gracias al manto protector con que las cubrieron el SII y la Fiscalía. O a todos los políticos que recibieron ese financiamiento. ¿Qué le parece? ¿Apoyaría usted una medida como esta? Creo que la inmensa mayoría de los potenciales votantes lo haría. ¿Generaría polémica? No creo que sea necesario responderlo, ¿verdad? Y, ¿cómo reaccionarían los actuales candidatos si llegara a plantearse? Por favor, haga el ejercicio de imaginarlo.

2.- Expulsar para siempre del servicio público a todos aquellos que hayan cometido faltas a la probidad, delitos o actos corruptos. La tolerancia cero en materia de corrupción, parece indispensable en el escenario actual. Es la única forma en que la probidad sea tomada en serio. Piense, al respecto, en todos los políticos que, al implementarse esta medida, tendrían que abandonar sus cargos y quedarían impedidos de postular al servicio público de por vida. Todos los que están relacionados con facturas “ideológicamente falsas”, para partir. Algunos de los actuales competidores, incluso. ¿Le parece que una propuesta de este tipo obtendría apoyo ciudadano? ¿Generaría polémica? ¿Cuál, a su juicio, sería la posición de los actuales candidatos al respecto? ¿De Piñera, por ejemplo? ¿O de Guillier? ¿O de Goic?

3.- Terminar con los cargos políticos. Esta propuesta implica reducir los cargos políticos al mínimo estrictamente necesario. Ministros, subsecretarios, unos pocos asesores y pare de contar. Todos los jefes de servicios y direcciones, al igual que los embajadores, tendrían que ser funcionarios de carrera con al menos cinco años de antigüedad. Se deberían eliminar las instituciones de los abogados integrantes y los integrantes de la Corte Suprema que provienen del mundo privado. El Tribunal Constitucional, el Consejo de Defensa del Estado, TVN, el Servel y otros organismos por el estilo, debieran sufrir una reestructuración total que los transforme en las instituciones que el país requiere, no en esas cajas pagadoras de favores políticos en las que se han convertido. Nunca más tendría que repetirse, por ejemplo, el caso de Javiera Blanco. Le garantizo que una propuesta en esos términos tendría un apoyo ciudadano mayoritario. Sin embargo, ¿cómo reaccionarían ante ella los candidatos? ¿Piñera, Guillier y Goic, en particular?

4.- Poner un tope de $ 5 millones a las dietas parlamentarias y a los sueldos de los altos cargos de la administración pública. Hay que terminar de una vez y para siempre con las consecuencias de ese acto infinitamente corrupto que cometió Ricardo Lagos, en complicidad con la UDI, durante su gobierno. Las dietas parlamentarias y los sueldos de los altos funcionarios deberían tener un límite fijado en la Constitución de, por ejemplo, 20 veces el sueldo mínimo como tope. Y, por supuesto, habría que reducir de manera considerable las asignaciones parlamentarias y someterlas a auditorías obligatorias efectuadas por la Contraloría. Si usted condimenta esta medida con la supresión de los privilegios de que gozan nuestros parlamentarios en relación con un trabajador cualquiera, le garantizo que, aparte de polémica, será una propuesta en extremo popular.

5.- Eliminar las dietas y asignaciones de los ex presidentes, reemplazándolas por el pago de la diferencia que estos requieren para alcanzar una pensión máxima de 2 millones mensuales. La pregunta aquí es, ¿existe alguna justificación que respalde el pago mensual de más de $ 16 millones que se les efectúa a los ex presidentes? Y la respuesta es que no, que no existe ninguna. Que el mencionado pago es, al igual que las megadietas, solo una consecuencia de un acto corrupto cometido por Ricardo Lagos en complicidad con la UDI y, como tal, debe eliminarse para siempre. Desde tal perspectiva, la medida propuesta es de toda justicia y sería muy, pero muy popular. Dos millones de pesos mensuales permiten una vida digna y el hecho de aportar solo la diferencia respecto de los demás ingresos que tienen los expresidentes (si ganan más de $ 2 millones no se les entregaría ingreso alguno) garantizaría que, por ejemplo, Piñera no fuese beneficiado con dineros de todos los chilenos (ese, en sí, ¿no le parece un acto corrupto?).

6.- Eliminar la comisión anticipada que los afiliados pagamos a las AFP. Atacar a ese grosero símbolo de la corrupción que es la comisión anticipada cobrada por las AFP, es muy sencillo. Basta con reemplazarla por una comisión sobre el saldo administrado (un 0,1% anual sería una cifra razonable), teniendo el cuidado de no cobrarla nuevamente a aquellos ahorros que ya la pagaron completa. Si semejante medida se llegase a proponer, le garantizo una feroz polémica con los representantes de las AFP y con los economistas neoliberales que ellas tienen contratados para que las defiendan. Dado lo sensible del tema, esta sería una de las medidas que más apoyo generaría, en especial después que se haya explicado con meridiana claridad cuál es la magnitud del perjuicio financiero que tan abusiva forma de cobrar la comisión produce a los afiliados.

7.- Eliminar el goodwill tributario. Este brutal acto de corrupción cometido por Piñera, con la complicidad del Parlamento, también tiene una solución sencilla: suprimir la granjería, impidiendo que las empresas que hoy se benefician de ella, lo sigan haciendo. Le encargo los llantos que tal medida generaría entre los afectados. Además, le pronostico un escándalo de marca mayor cuando la ciudadanía descubra quiénes fueron los reales beneficiados con este artilugio y cuál es su relación con el precandidato Piñera.

8.- Establecer de manera perentoria y en el plazo más breve posible la institución del Defensor del Pueblo. Ella tendría la obligación de defender públicamente a los ciudadanos cuando alguno de los otros poderes del Estado, cualquiera de ellos, pasara a llevar sus derechos; y tendría que estar dotada, explícitamente, de facultades que le permitieran enfrentar, controlar e impedir el abuso y la impunidad. Aunque sería una medida a la que difícilmente alguien intentaría oponerse, generaría una notable polémica al momento de discutir las facultades de las que dicha institución estaría dotada. Por ejemplo, ¿qué le parece que una de ellas fuese el tener la obligación de denunciar (y, si es el caso, de querellarse) por cualquier falta o delito cometido por funcionarios públicos, incluyendo entre ellos los de carácter tributario? ¿O la de exigir la remoción de todo funcionario público que haya faltado a la probidad, entre ellos de quienes no denuncien delitos de los que hayan tomado conocimiento?

Hay, por cierto, más potenciales medidas, pero me parece que las anteriores son las más efectivas en el combate contra la corrupción, las que mejor marcan diferencias entre los candidatos y las que, por qué no decirlo, generarían mayor polémica si uno de los candidatos las propusiera.

El adalid

Y nos falta el cuarto pilar: el líder, el guía, el paladín. ¿Quién podría tomar el pandero y arremeter, con el combate contra la corrupción como estandarte, contra el establishment? ¿Quién podría liderar esta campaña? ¿Cuál de los actuales candidatos? ¿Qué le parece a usted?

Se requiere de alguien que cumpla, al menos, tres requisitos imprescindibles: que tenga las manos limpias —esto es, que nunca haya faltado a la probidad ni incurrido en delitos o en actos corruptos—, que no tenga miedo de enfrentarse al establishment, y que posea el suficiente carácter como para imponerse a quienes, socios electorales incluidos, intentarán hacerlo(a) cambiar su estrategia. Analicemos, brevemente, a los actuales candidatos desde esta perspectiva.

Descartemos, de partida, a Sebastián Piñera. ¿Se lo imagina, a él y a sus socios de la UDI, liderando una campaña contra la corrupción? ¿Promoviendo la eliminación de la prescripción de los delitos contra el erario público? ¿O bregando en pos de la tolerancia cero para quienes hayan faltado a la probidad? ¿O planteando la eliminación de las dietas de los ex presidentes y la del goodwill tributario? ¿O la de la comisión anticipada de las AFP? Sería algo así como un harakiri colectivo, ¿verdad? No obstante, ellos no son samuráis, de manera que es imposible esperar algo así de su parte. Piñera es, desde la perspectiva del combate contra dicho flagelo, el peor candidato, por muy lejos. De hecho, se vería afectado directamente por, al menos, siete de las ocho medidas propuestas. Así, cada vez que estas se debatieran, su nombre saltaría a la palestra. Inevitablemente. Si el combate contra la corrupción se impone como el tema central de la próxima campaña, estas elecciones serán una pesadilla, una tortura, para Sebastián Piñera. Se lo adelanto. Acuérdese de mí.

Alejandro Guillier y Carolina Goic tienen, como personas naturales, mejor cara. No se les conocen, a la fecha, actos corruptos (ella se ve, sin embargo, en mejor posición que él). No obstante, ellos no son el problema sino las coaliciones que los acompañan. Piense usted, ¿qué dirían el PDC, el PS, el PR, el PPD y el PC si se ambos atrevieran a plantear la eliminación de los cargos políticos? ¿O la reducción de las dietas parlamentarias? ¿O la eliminación de la prescripción? ¿O la expulsión del servicio público para quienes hayan faltado a la probidad o cometido delitos? De seguro, los ajusticiarían en una plaza pública. La verdad es que en un escenario donde la corrupción es el principal enemigo, tanto a Guillier como a Carolina Goic les veo un negro futuro.

Están, por último, los candidatos del Frente Amplio, Beatriz Sánchez y Alberto Mayol. A ellos, pienso, una campaña como esta les vendría como anillo al dedo. Además de que les permitiría demostrar su temple, la madera de la que están hechos, y su capacidad de liderazgo, condiciones cuya existencia, en ambos casos, es aún una incógnita.

Así que ahí lo tiene, estimado lector: el mejor tema central de la próxima campaña electoral. ¿Habrá alguien capaz de esgrimirlo? De seguro, pronto lo sabremos. Yo espero que sí, fundamentalmente porque la esperanza — esa porfiada e irracional sensación de que lo que ansiamos, por lejano que esté, por inalcanzable que parezca, tiene alguna posibilidad de realizarse— es lo último que se pierde.