¿No + AFP? OK, pero, ¿cómo las reemplazamos?
Tal como expliqué, detalladamente,
en mi anterior columna, el vigente sistema de pensiones (iba a decir “nuestro”,
pero la dolorosa verdad es que no es nuestro sino de quienes se aprovechan de
nosotros por su intermedio) es abominable. Es un sistema abusivo diseñado de
manera expresa para que, gracias a las comisiones anticipadas, las AFP obtengan
pingües ganancias a costa de sus afiliados. Además, fundamentalmente por esa
misma razón, es caro, poco rentable e inequitativo. Agreguemos que es opaco y
tenebroso (recuerde las “comisiones fantasmas”); que ha subsistido durante 35
años solo porque las AFP han ocultado, a punta de falsedades y medias verdades,
sus verdaderos costos y rentabilidades; que su operación, tal como está
estructurada, acrecienta la enorme desigualdad de nuestra sociedad; y que, como
broche de oro, entrega pésimas pensiones.
Ese es el cuadro completo. Es un
sistema que le hace daño no solo a los afiliados, sino a todo el país. Una
mugre de sistema. Que se haya mantenido durante 35 años nos da una idea del
grado de compromiso que han tenido nuestras autoridades con el bienestar
ciudadano. Y también, no faltaba más, nos obliga a preguntarnos acerca de las
reales razones que ellas tuvieron para mantenerlo.
En este Chile cada vez mejor
informado —y, en consecuencia, cada vez más consciente de sus derechos y más
dispuesto a exigirlos—, un sistema tan aberrante y abusivo no tiene cabida.
Como bien lo ha planteado ese millón de ciudadanos hastiados que ha salido a la
calle a expresar su protesta, debe ponérsele fin ahora ya. Sin dilación alguna.
Pero, ¿cómo? ¿Cómo se logra acabar
con un sistema que, en contra de los intereses ciudadanos, es defendido por los
políticos —la inmensa mayoría de los parlamentarios, los ministros, la misma
presidenta— a brazo partido?
Excelente pregunta, ¿no le parece?
Bueno… le tengo otra mejor: si consiguiéramos cambiarlo, ¿qué sistema
alternativo deberíamos elegir en su reemplazo?
Lo invito a que intentemos
contestarlas.
¿Cómo
conseguiremos cambiar el sistema?
Como pudo apreciarse en la propuesta
que presentó Michelle Bachelet, cambiar el sistema previsional vigente no será tarea
fácil. En un sistema político gangrenado por la corrupción —como para nuestra
desgracia es el nuestro—, son demasiados los intereses que confluyen para
defender sus bases. Donde hay tanto dinero en juego, quienes lo reciben harán
todo lo posible por mantener su flujo de ingresos, aunque ello perjudique al
resto de los ciudadanos. Aquí, los escrúpulos quedan de lado. También la
responsabilidad con los electores. Seguramente, es por eso que en la proposición
presidencial las AFP quedan indemnes y las comisiones anticipadas, la principal
causa del problema, ni siquiera son mencionadas. ¿Qué otra justificación podría
existir? Cuando el río suena...
En tan penoso escenario, ¿qué
podemos hacer nosotros, los ciudadanos? Como víctimas en esta historia, ¿qué
acciones podemos tomar?
Por cierto, las movilizaciones son
un medio de presión. Mientras más masivas, mejor. No obstante, deben ser
complementadas con medidas concretas que, en lo posible, tengan consecuencias
económicas para los victimarios. Permítame proponerle un par de ellas.
No
siga botando la plata; cámbiese de AFP
Observe el siguiente cuadro, que
elaboré en base a las cifras oficiales de comisiones y rentabilidades mensuales
publicadas por la Superintendencia de Pensiones en su sitio web. En él se
muestra cuál sería la situación de un afiliado que hubiese aportado 2 (dos) UF
mensuales al fondo C durante los últimos 2 años en cada una de las AFP. Las
cifras están en UF:
AFP
|
TOTAL
|
INTERESES
|
COMISIONES
|
FONDO
|
RESULTADO
|
ROI
|
|
COTIZACIONES
|
GANADOS
|
PAGADAS
|
ACUMULADO
|
|
|
Capital
|
27,456
|
0,770
|
3,456
|
24,770
|
-2,686
|
-9,78%
|
Cuprum
|
27,552
|
0,848
|
3,552
|
24,848
|
-2,704
|
-9,82%
|
Hábitat
|
27,048
|
0,986
|
3,048
|
24,986
|
-2,062
|
-7,62%
|
Modelo
|
25,848
|
0,843
|
1,848
|
24,843
|
-1,005
|
-3,89%
|
Planvital
|
25,122
|
0,609
|
1,122
|
24,609
|
-0,513
|
-2,04%
|
Provida
|
27,696
|
0,684
|
3,696
|
24,684
|
-3,012
|
-10,88%
|
La columna “Total de cotizaciones”
muestra la cantidad de UF que se habría restado del sueldo del afiliado del
ejemplo por dicho concepto durante el período indicado. Varía entre AFP porque
la cotización es distinta dependiendo de a cuál de ellas se esté afiliado. Si
usted está afiliado a Provida, por ejemplo, cotizará el 11,54% de su sueldo. Si
lo está a Modelo, solo el 10,77%. Como puede apreciar, no da lo mismo donde
cotice.
El “Total de cotizaciones” es aquí
la cifra mágica, porque ella es la inversión que usted realiza. En un sistema
de capitalización individual, usted, yo y cada afiliado somos inversionistas, y
el total de cotizaciones es el monto de nuestra inversión. Es el dinero,
nuestro dinero, que ponemos a disposición de las AFP para que ellas, por
nuestra cuenta, lo administren en el mercado de capitales y nos generen una
buena rentabilidad, cobrándonos por ello las comisiones de administración
correspondientes.
Ok, ahora observe de nuevo el
cuadro. Está elaborado, lo repito, en base a cifras oficiales tomadas del sitio
de la SP. Como puede usted apreciar, en todos los casos el afiliado pierde
plata, ya que su fondo acumulado es menor que las cotizaciones efectuadas. Ello
porque los intereses ganados NO compensan a las comisiones pagadas en el lapso
considerado. De hecho, son muy inferiores a ellas (por ese escandaloso asunto
de las comisiones anticipadas). En el caso de Provida, por ejemplo, estas
últimas más que quintuplican a los primeros. Sin embargo, como se aprecia
claramente, en aquellas AFP donde la comisión es menor, como es lógico, la
pérdida también lo es.
La diferencia de comisiones puede
llegar a ser cuantiosa. En diez años, si usted está en Provida pagaría $
710.000 más por dicho concepto que si estuviese en Planvital. En 35 años, la
diferencia sería, en moneda de hoy, de $ 2.490.000. Ahora, respóndame usted, ¿por
qué razón estaría dispuesto a regalarle, sin haber necesidad, dos millones y
medio de pesos de SU dinero a una AFP?
De manera que, amigo lector, aquí
tenemos la próxima movilización ciudadana. Si
usted está afiliado a Provida, a Cuprum, a Capital o a Hábitat, no siga
haciendo un pésimo negocio. ¡Cámbiese de AFP! ¡Ahora mismo! Váyase a Planvital
o, si no confía en esta por ese asunto de que no conocemos a sus propietarios,
llévese sus fondos a Modelo. Pero no siga regalándoles su dinero a
instituciones que, coincidirá usted conmigo, no merecen ese regalo.
¿Quiere protestar en contra de las
AFP? Hágalo golpeando donde les duele. Le garantizo que si, en un plazo breve,
un millón de personas se cambia desde las AFP más caras a las más económicas, las
reacciones de las AFP afectadas y del Gobierno serán inmediatas. Seguro. De
partida, aquellas se verán obligadas a bajar sus comisiones, y el tema del
cobro anticipado de estas quedará firmemente instalado en el debate acerca de
los cambios que deben implementarse en el sistema previsional.
Interponga
un recurso de protección
Existe una ley —el DL 3500— que les
permite a las AFP cobrar, pese a no existir justificación alguna para ello, comisiones
anticipadas a sus afiliados, y que además establece que estos tienen la
obligación de pagarlas. Eso, aquí y en la rotonda del maní, es un privilegio, una
diferencia arbitraria establecida legalmente en beneficio de las AFP y en
perjuicio de sus afiliados. Ambos, el beneficio y el perjuicio, son fácilmente
demostrables y cuantificables.
Pues bien, ocurre que las
diferencias arbitrarias y los privilegios están prohibidos por el artículo 19
N° 2 de nuestra Constitución Política, y que dicha disposición es una de las
que está amparada, según el artículo 20 del citado cuerpo legal, por el recurso
de protección.
Correspondería, entonces, interponer
un recurso de protección en contra del Estado chileno solicitando que se
derogue la disposición que permite a las AFP el cobro anticipado de comisiones
y que obliga a los afiliados a pagarlas.
Ahí lo tiene. Tarea para los
abogados. Le aseguro que si se presentasen unos 200.000 recursos de protección
en un lapso breve repartidos en todas las Cortes de Apelaciones del país, el
impacto que esto tendría obligaría al gobierno a considerar una pronta solución
a ese verdadero despojo que son las comisiones anticipadas. Además, por cierto,
de fijar la atención internacional en nuestro país, en su sistema de protección
de los derechos fundamentales de sus ciudadanos y en la calidad de la
institución encargada de protegerlos. 200.000 recursos de protección interpuestos
de manera simultánea en contra de un Estado dan para noticia internacional.
Lo
que no hay que aceptar
Corresponde ahora que le efectúe mis
proposiciones respecto del sistema alternativo que deberíamos considerar para
reemplazar el mamarracho que tenemos. Antes de hacerlo, sin embargo, me permitiré
proponerle lo que, en mi concepto, no hay que hacer para enfrentar este
problema.
Por
causa alguna se debe subir la edad de jubilación
Hay algunas mentes brillantes,
intrínsecamente creativas, diáfanas, conectadas con el infinito, que han
planteado que la solución de problema previsional pasa por aumentar la edad de
jubilación. Esa es la propuesta más absurda, desquiciada, ridícula e infame que
he escuchado. Nos da una idea del absoluto divorcio que tiene sus autores con
nuestra realidad cotidiana y de su total desprecio por la misma. Porque, ¿cómo
piensan lograr, en un mercado que desechó hace rato a los mayores de cincuenta,
que personas que superaron los sesenta o sesenta y cinco años encuentren
trabajos dignos y relativamente bien remunerados? ¿Cómo? ¿Ha escuchado usted
algo al respecto? ¿Alguna idea genial? ¿Alguna solución siquiera digna de
mencionarse?
La verdad, estimado lector, es que
esta es una propuesta gravísima. Para favorecer a las AFP, para salvarles el
negocio, no se trepida en humillar a las personas mayores, lanzarlas a la calle
a vender golosinas o sopaipillas en carritos, obligarlas a cantar en el
Transantiago o a mendigar en el Metro. Aquí todo vale. Es el colmo del descaro.
Los autores de la idea no tienen límite.
Lo
que corresponde a este respecto es hacer trabajar la sesera para mejorar el
pilar solidario y tomar medidas para incrementar las futuras pensiones, en
lugar de seguir explotando a los adultos mayores para salvar el negocio de las
AFP. Es tiempo de que lo vayamos entendiendo y, por supuesto, exigiendo.
Así que, cuando salga nuevamente a
la calle a protestar contra las AFP, cuando además proteste contra las
comisiones anticipadas, no lo olvide gritarlo a todo pulmón: no al aumento de la edad de jubilación.
Por
ningún motivo se debe volver al sistema de reparto
Se ha extendido como una mancha de
aceite la peregrina idea de que la solución a este engendro previsional que nos
asuela es implementar un sistema de reparto. Dado que los recursos acumulados
en las cuentas individuales son de propiedad privada, si se insistiera en tan
insensata idea sería necesario expropiarlos. Habría que tramitar una ley ad-hoc
que, seguramente, no pasaría el cedazo del TC (lea lo que dice el artículo 19
N° 24 de nuestra Carta Fundamental al respecto). Además, el asunto se
judicializaría ad infinitum. Sería un verdadero desastre.
Ahora, suponiendo que se lograse
estatizar los fondos, ello implicaría traspasarlos a la Tesorería General de la
República, incorporar el pago de pensiones al presupuesto general de la
nación y transformar los nuevos cargos
previsionales en impuestos generales. En otras palabras supondría,
parafraseando a Ricardo Lagos, poner esos enormes recursos a disposición de los
señores políticos.
Usted, apreciado lector, es una
persona sensata. Estoy seguro de ello. Compartirá conmigo, en consecuencia, que
hacer algo así en medio de la devastadora corrupción reinante, sería
equivalente a poner a Garfield a cargo de una carnicería. Un acto lindante con
lo criminal. Una crónica, no de una muerte sino de un saqueo anunciado. Ni con
cinturón de castidad nos salvaríamos. Ricardo Lagos, si saliera reelecto,
posiblemente buscaría un acuerdo con la oposición (¿quién sería el nuevo
Longueira?) para aumentarse el sueldo y la jubilación, tal como lo hizo durante
su primer gobierno. Los parlamentarios, considerando el enorme sacrificio que
realizan jornada tras jornada, probablemente aprovecharían la coyuntura para
crear algún sistema previsional con jubilaciones más adecuadas a la magnitud de
su esfuerzo. La cantidad de cargos políticos crecería como levadura en agua
tibia; aumentarían los viajes y los correspondientes viáticos; y así
sucesivamente. Los políticos, no le quepa duda, encontrarían la forma de usar
esos ingentes recursos en su beneficio. Sería un harakiri en toda regla.
El camino, créame, no es volver al
sistema antiguo, sino perfeccionar el actual. ¿Cómo? Le explico a continuación
mi propuesta.
Los
ajustes imprescindibles
El primer ajuste que debe hacerse al
sistema, ahora ya, es cambiar la forma
de pago de comisiones a las AFP. Estas deberían comenzar de inmediato a
pagarse como un porcentaje fijo ―lo más bajo posible y común para todas las
AFP― del fondo de pensiones administrado, más un premio por la mayor
rentabilidad obtenida sobre un piso mínimo (por ejemplo, un 5% anual). Con este
mecanismo, la competencia para captar afiliados se daría en base a la
rentabilidad que cada AFP sea capaz de obtener, lo que es, por cierto, un muy
buen estímulo.
Un antecedente insoslayable que se
debe tener presente en la implementación de esta medida es que las cotizaciones
efectuadas, es decir todo el saldo acumulado a la fecha en los fondos de
pensiones, ya pagaron una comisión anticipada por 35 años por lo que,
obviamente, no se les puede cobrar nada adicional por este concepto. Las
comisiones sobre el saldo administrado, por consiguiente, solo deberían
cobrarse sobre los saldos generados con las nuevas cotizaciones. Con las que se
efectúen a partir del momento en que se cambie el sistema de comisiones.
¿Que eso no les conviene a las AFP
ya que mermará brutalmente sus ingresos y sus rentabilidades? ¡Qué pena tan
grande! Sería para llorar a gritos, ¿no le parece? Una situación tan desgarradora,
tan lastimosa, nos partiría el alma a todos. Pese a tanto dolor, sin embargo, no
puede actuarse de otra manera. Es patético, lo sé, pero los afiliados NO deben
pagar doble comisión. Esa condición debería ser intransable.
Este cambio, que las comisiones
comiencen a pagarse sobre el saldo administrado, me atrevo a calificarlo como
un imperativo nacional. Una condición sine qua non. Que no se corrija la
normativa en tal sentido sería inaceptable, al igual que el hecho, lo reitero
por su relevancia, de que se intente cobrarle doble comisión a quienes ya la
pagaron por 35 años.
El segundo ajuste imprescindible a
efectuar es la inmediata eliminación
de los multifondos. Es impresentable
que la tarea, aunque sea parcial, de administrar los fondos previsionales
recaiga sobre los afiliados, cuando se supone que les estamos pagando a
profesionales para que la ejecuten por nuestra cuenta. Nadie debería tener la
responsabilidad de definir en cuál fondo deben hallarse sus ahorros, porque eso
es tarea de expertos y los ahorrantes, la inmensa mayoría de ellos, no lo son. Por
lo demás, ¿en realidad usted cree que los multifondos se crearon en el gobierno
de Lagos para darle a los afiliados la posibilidad de intervenir en la
administración de sus fondos? Con los antecedentes que conoce de nuestros
políticos, ¿de veras se tragó esa mentira? Hay que buscar la respuesta por otro
lado, ¿no le parece?
La triste verdad, apreciado lector,
es que el sistema de multifondos, aparte de ser poco solidario, inentendible e inmanejable,
es un atentado contra los afiliados. Los deja a merced de supuestos expertos,
verdadero “Harry Potters” de las finanzas, que hacen pingües negocios
esquilmando a los incautos. Al mejor estilo
de Garay, Montaner y Chang. En cualquier país preocupado de sus
ciudadanos, algo así no habría tenido cabida (¿quién habrá ideado?).
El tercer ajuste imprescindible se
desprende del anterior. Cae de cajón. Se
deben eliminar, ahora ya, las “comisiones fantasmas”. Estas, en el supuesto
caso de que fuesen reales (que no lo sabemos, pero me atrevería a sospechar que
no), deberían ser de cargo de las AFP. Su existencia se presta para urdir
fraudes a destajo con el propósito de esquilmar, aún más, a los pobres
ahorrantes. Nunca debieron existir. Es, entonces, el momento de extirparlas
para siempre del sistema.
El cuarto ajuste imprescindible
consiste en prohibir que los recursos de
los fondos de pensiones sean invertidos en productos financieros derivados.
Ello es urgente, porque las posibilidades de que se mal usen estas inversiones ―como
ocurrió con el “Davilazo” y el caso Penta; y como está ocurriendo con el caso
Aurus―
son enormes. ¿Hay riesgo de cobertura? Pues, dejemos de invertir afuera. Si,
como veremos más adelante, hay un enorme campo para la inversión dentro del
país. Ya está bueno que los recursos que nos pertenecen a todos los chilenos
sean invertidos en proyectos donde nosotros seamos los beneficiarios, ¿no le
parece?
El quinto ajuste imprescindible
consiste en que se debe entregar al
afiliado la información de su cuenta individual como corresponde, con todos
los datos que él requiere para analizarla en profundidad: total de cotizaciones
efectuadas, total de intereses ganados y total de comisiones pagadas a la fecha.
Solo de esta manera, en base a información veraz y completa, se podrá legitimar
un sistema que hoy transita por el sendero de la infamia.
¿Cuál
es la solución definitiva?
Necesitamos un sistema que, junto
con dejar a salvo nuestros ahorros de las ávidas manos de nuestros políticos y
de las AFP, sea más rentable, más equitativo, menos costoso, más solidario y
más confiable que el que tenemos actualmente. Para conseguirlo, es preciso
actuar sobre cada uno de los pilares en los que se sostiene el resultado de un
fondo de pensiones: la rentabilidad, los costos y la inversión. Analizaré los
tres componentes mencionados a continuación:
Medidas
para mejorar la rentabilidad
Lo primero, es cambiar el foco de la
inversión de los recursos acumulados en los fondos de pensiones. Hay que dejar
de invertirlos en actividades que solo benefician a unos pocos, a los de
siempre, y trasladarlos a iniciativas que, aumentando y estabilizando su
rentabilidad, apunten a incrementar el bienestar común. Ejemplos de este tipo
de actividades hay muchos. Es solo cosa de echar a volar la imaginación.
Permítame exponerle algunos.
Con los fondos de pensiones se
podría:
Sacar
el CAE de manos de la banca privada y pasarlo al Estado. Este es el momento
preciso para echar a andar un proyecto de este tipo, dados los ingentes montos
que se le asignaron al CAE en el proyecto de Presupuesto. Para ello se requeriría que el BancoEstado emitiese bonos con una
tasa anual de 6% por los montos necesarios para comprar la cartera que está en
poder de la banca privada, los cuales serían adquiridos por los fondos de
pensiones. Con el dinero obtenido, el BancoEstado adquiriría a su vez la
cartera y se encargaría de su administración. Los alumnos y ex alumnos deudores
seguirían pagando un 2% de tasa (o un 0%, si así se decide) y el Estado
financiando el porcentaje restante (tal como ahora) más el costo de la
administración del banco. Los beneficios financieros de esta operación, no
obstante, en lugar de ir a parar a los bancos irían directamente a los fondos
de pensiones. Los recursos liberados en el presupuesto, por su parte, podrían
destinarse a incrementar la gratuidad.
Esta es una operación que podría implementarse
con bastante rapidez si existiese la decisión política de llevarla adelante.
Requiere del compromiso de las AFP ―Planvital o Modelo, de preferencia―
para adquirir los bonos, y de un muy cuidadoso estudio de los contratos y
pagarés, para definir la forma más económica de hacerse cargo de la cartera.
¿Lo supera el CAE? ¿Ya no quiere
escuchar mencionarlo nunca más? Bueno… aquí tiene una forma de zafarse de él
para siempre.
Rebajar
la tasa de interés de los préstamos que se efectúan a las Mipymes a niveles
preferenciales. La operación sería similar a la anterior, con bonos emitidos
por el BancoEstado a tasas del orden del 6 a 7% anual, respaldados (securitizados)
por los flujos de las Mipymes, los que serían adquiridos por los fondos
de pensiones. El banco cobraría un spread de administración reducido más una
prima por riesgo, llegando de todas formas a tasas muchos más convenientes para
las Mipymes que las actuales.
Financiar
a tasas preferenciales la recompra de cartera a personas asalariadas de
ingresos medios y medios bajos endeudadas con divisiones de crédito de consumo
de bancos y con casas comerciales. Una operación muy parecida a la
anterior, con el mismo intermediario y con la ventaja de que se podría
implementar el descuento por planilla para el servicio de la deuda de los
clientes.
Financiar
concesiones, a fin de que sean el Estado y los fondos de pensiones los que,
por medio de una empresa estatal creada para este propósito ―que
sería la que emitiría los bonos―, hagan el negocio por el que hoy se está
pagando una fortuna a las concesionarias.
Financiar
la explotación pública del litio y demás minerales, sacándola de manos
privadas. Los recursos mineros, según nuestra Constitución, pertenecen a
todos los chilenos. Sin embargo, son muy pocos los que se benefician de ellos.
Mediante el esquema ya reseñado, emisión de bonos por parte de empresas
estatales, los fondos de pensiones podrían financiar estas explotaciones. Por
cierto, habría que dejar fuera de esto, inapelablemente, a Codelco, al menos
hasta que se la limpie de cargos políticos, ventas a futuro, contratos con distribuidoras
a viles precios, traspasos directos de ingentes recursos a las Fuerzas Armadas
y demás actos corruptos que la han llevado al estado en que se encuentra.
Expandir
el Metro o implementar metros en regiones, en el mismo esquema que en los
casos anteriores: emisión de bonos por parte de la empresa que serían
adquiridos por los fondos de pensiones.
Financiar
mega proyectos industriales y generadores de energía emprendidos por el Estado.
No se podrá reindustrializar el país si el Estado no asume un rol
protagónico para ello. Los fondos de pensiones disponen de los recursos para
financiar dichos proyectos y existe el mecanismo (el mismo ya descrito) para
destinarlos a este fin. Falta la decisión política y comenzar a identificarlos,
evaluarlos e impulsarlos.
Y así sucesivamente. En general, se
puede financiar por esta vía todo proyecto que sea emprendido por empresas
estatales y que sea capaz de generar flujos futuros suficientes como para
financiar su operación y cubrir el servicio de la deuda. Las posibilidades son
ilimitadas.
El cambio propuesto, tomando los
resguardos necesarios para que funcione como se debe —impedir los cuoteos
políticos, controlar las inversiones y los flujos por medio de representantes
de los fondos de pensiones elegidos por los afiliados, total apertura y
transparencia en el manejo de la información, garantía estatal— corregiría
varios de los defectos del sistema vigente: generaría rentabilidades fijas muy
superiores a las actuales, trasparentaría las inversiones y los flujos provenientes
de ellas, y tendería a reducir los elevados niveles de desigualdad que existen
en nuestra sociedad. Por cierto, no habría comisiones fantasmas involucradas. Todos
—las Mypimes, los deudores, los afiliados—, haríamos un muy buen negocio.
Todos, con excepción de los bancos y aquellos grandes empresarios que hoy se
benefician del sistema vigente, que los provee de recursos muy baratos que
emplean para incrementar en forma cuantiosa la rentabilidad de sus negocios.
Por si no lo ha notado, la esclavitud se basa en el mismo principio económico:
usar recursos muy baratos para mejorar la rentabilidad de los negocios. De
hecho, la explotación económica también es una forma de esclavitud.
Medidas
para disminuir los costos
Orientar los fondos previsionales a
financiar proyectos como los señalados requeriría efectuar un cambio profundo
en la forma en que hoy se gestionan las pensiones en Chile. Sería
imprescindible, para partir, contar con una AFP estatal que se encargase de
gestionar todas estas inversiones, cobrando para ello comisiones reducidas sobre
el saldo administrado (0,12% anual, por ejemplo). Disminuiríamos de esta
manera, drásticamente, el costo. Las AFP privadas, en este sistema, no serían
necesarias. Dudo, de hecho, que estuviesen dispuestas a participar en él.
Ahora bien, para no caer en los
clásicos problemas de repartija política, sería indispensable resguardar la
conformación del Directorio de la AFP. Este podría conformarse con integrantes
nominados por entidades técnicas independientes (universidades, por ejemplo) y
también elegidos, mediante votación electrónica, directamente por los afiliados.
La idea sería conseguir, de una vez por todas, que los dueños de los fondos sean
quienes los administren.
Medidas
para aumentar la inversión
Se pueden considerar las siguientes:
Eliminar
las comisiones anticipadas. Ya está mencionada, pero la reitero porque es
una de las principales medidas que deben tomarse para incrementar la
rentabilidad de las cuentas individuales y, en consecuencia, mejorar las
pensiones futuras.
Elevar
el monto a cotizar. Dado que hoy la inmensa mayoría de los afiliados cotiza
con tasas superiores al 11% sobre su renta imponible, parece razonable que la
cotización mensual se fije en un 12% de esta. Eso afectará muy poco a las
rentas líquidas, pero en el largo plazo mejorará ostensiblemente los fondos
individuales.
Implementar
un aporte empresarial de un 3%, de beneficio del afiliado. Con este
porcentaje se completaría el 5% de incremento de la cotización planteado por el
gobierno en su paquete de propuestas. Como lo planteó el gobierno, un aporte
empresarial es una medida que parece razonable ya que, en un escenario donde
los sueldos de los afiliados son tan precarios, el tema de las pensiones debe
ser abordado con un esfuerzo tripartito.
El efecto conjunto de las tres
medidas señaladas, combinado con una comisión de 0,12% anual sobre el fondo
administrado y asumiendo una rentabilidad anual promedio de un 5% capitalizable
mensualmente, generaría en 35 años un mayor fondo de aproximadamente un 45%
respecto del que obtendría un afiliado en el sistema actual. Importante, pero
aún no suficiente.
Efectuar
un aporte estatal por cada recién nacido. No sé si esta idea es de Rafael Garay
o de algún otro, da lo mismo, pero me parece factible y adecuada. Mejoraría en
gran medida, de hecho, las pensiones en el largo plazo. Para darle una idea de
su dimensión, 1 millón de pesos al 5% de rentabilidad anual capitalizable
mensualmente se transformaría después de 60 años en poco más de 20 millones de
pesos lo que, para un afiliado que cotiza 1 UF en el sistema actual, representaría
aproximadamente un mayor fondo de un 65% respecto del sistema actual. Vale realmente
la pena, entonces, analizarla en profundidad. Su costo anual sería del orden de
US$ 390 millones de dólares, que deberían estar incorporados en el presupuesto
de la nación. ¿Cómo financiarlos? Le aseguro que un análisis profundo del gasto
fiscal orientado a recortar gastos innecesarios, inconvenientes o inapropiados (sueldos
de operadores políticos, sueldos y honorarios prescindibles, exceso de
remuneraciones de parlamentarios y personal gubernamental, viajes, viáticos y
un larguísimo etcétera) permitiría ahorrar mucho más que esa cifra. El aporte
en cuestión debería dirigirse solo a los recién nacidos pertenecientes a
hogares que perciban ingresos iguales o menores a UF 60 mensuales. Respecto de
aquellos cuyos ingresos fuesen mayores que esa cifra, lo razonable parece ser
que financien los aportes iniciales de sus hijos con el diferencial de
cotizaciones que se les produciría al cotizar por el total de su renta
imponible. Este último punto es, por cierto, materia de debate.
Ok. Tenemos, entonces, un paquete de
medidas que, aplicadas en conjunto, podría más que duplicar el fondo de un
afiliado en condiciones de pensionarse. En tales circunstancias —entendiendo
que la solución previsional definitiva depende de mejorar la distribución del
ingreso en nuestro país (problema que algún día se abordará como corresponde,
supongo)—, el problema de los exiguos montos de pensiones estaría, en el largo
plazo, relativamente bajo control. Faltaría, entonces, solucionar el problema
de las actuales pensiones, específicamente de las que están por debajo el piso
definido por el pilar solidario; y de las asistenciales, que se entregan a
quienes nunca han cotizado o lo hicieron por valores mínimos. Lo invito a que
lo analicemos a continuación.
Medidas
para mejorar las actuales pensiones
La forma correcta de abordar este
peliagudo asunto parece ser la que ya está usando el gobierno: a través del
pilar solidario. Consiste en fijar un monto mínimo de pensión aceptable (la
pensión máxima solidaria) y subsidiar la diferencia que se produce respecto de
la pensión que efectivamente recibe el afiliado. Este subsidio, desde luego,
debería ser entregado a todo evento hasta el fallecimiento del afiliado. El
problema aquí consiste en cómo financiarlo. Permítame, al respecto, proponerle
un par de ideas.
Acortar
la esperanza de vida considerada para el cálculo de la pensión hasta que el
monto de esta última coincida con el de la pensión máxima solidaria. La
premisa de esta propuesta es que la diferencia entre el monto de la pensión que
recibe el afiliado y la pensión máxima solidaria la tendrá que aportar el
Estado obligadamente cuando corresponda. En dicho caso, desde el punto de vista
financiero es preferible que dicho aporte no se concrete de manera inmediata
sino lo más tarde posible. El criterio sería que los fondos acumulados
financien los primeros años hasta que se agoten, y que el Estado asuma dicha
responsabilidad solo cuando se produzca dicho evento, no antes. Ello le significa
al Estado, como se habrá dado cuenta, retardar un pago ineludible por un largo
período sin tener que pagar costo adicional alguno. El sueño del pibe para un
gerente de finanzas.
Eliminar
todo cargo que contribuya a disminuir el fondo individual acumulado por el afiliado
al momento de pensionarse. Hoy, si usted decide pensionarse, hay un montón
de lobos de dientes afilados al acecho para sacarle alguna mascada. El trámite
es tan complejo, que hay asesores “expertos” dispuestos a ayudarlo en su
ejecución, a cambio de la correspondiente comisión. Aparecen también las
compañías de seguros a la caza de rentas vitalicias y algunos cazadores más por
ahí que se me escapan. El asunto es casi sanguinario.
En un escenario donde se persigue
maximizar la pensión del afiliado, estos cargos no tienen sentido. Todos provienen
de negocios armados para aprovecharse del pensionado. Ninguno le conviene. En
todos pierde. Sin excepción. Por ello, deberían suprimirse, porque todos se
basan en obligar al afiliado a tomar complejas decisiones financieras para las
que no está preparado, y respecto de las que no cuenta ni con la información ni
con las competencias para garantizar la defensa de su patrimonio.
Establecer
solo una forma de pensionarse.
Lo anterior nos lleva, como es
evidente, a la necesidad de definir una sola forma de pensionarse: el retiro
programado. Todas las demás debe prohibirse porque, en este nuevo contexto
solidario donde el Estado se hace cargo de las pensiones cuando el afiliado ya
no dispone de recursos, todas perjudican al afiliado.
Que
el Estado le solicite un préstamo a los fondos de pensiones para financiar el
actual pilar solidario y el incremento de las pensiones básicas.
¿Hay un problema de recursos para
implementar el pilar solidario como se debería? ¿Para que las pensiones
actuales alcancen niveles dignos? Pues, le propongo el mecanismo más parecido
al sistema de reparto que puede implementarse manteniendo la capitalización
individual. Opera de similar manera a los anteriores. El Estado emitiría, a
través de la Tesorería, bonos de largo plazo a una tasa conveniente para los
fondos de pensiones y estos los adquirirían, generándose con ello los recursos
necesarios para incrementar las pensiones en el corto plazo.
Sería un buen negocio para todos. El
Estado dispondría de recursos para enfrentar un problema acuciante, los fondos
de pensiones efectuarían una excelente inversión y las pensiones crecerían,
generándose un fuerte impacto en la actividad económica, en el crecimiento del
PIB, en la reducción de la desigualdad y en la recaudación de impuestos. Por cierto,
hay que planificarlo bien e implementarlo mejor, pero se supone que para eso
están los cerebros de los ministerios involucrados. Mal que mal cobran un
sueldo más que reguleque por ejercer sus funciones.
Ahí tiene mi propuesta, estimado
lector. Hay más por supuesto. Se debe enfrentar el tema de las lagunas
previsionales, el de la apropiación indebida por parte de los empleadores de
las cotizaciones de sus trabajadores (podría ser que el Estado las cubriese, o
mediante un seguro, y que se castigara a los delincuentes con cárcel efectiva),
hay que implementar campañas de información para educar a los afiliados y para
que estos denuncien a dichos malos empresarios, hay que eliminar el Capredena y
así sucesivamente.
Pero por algo hay que empezar, ¿no
le parece? Por eliminar a las AFP, por ejemplo. Si así fuese, como usted ha
podido apreciar, ya sabemos cómo reemplazarlas.
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