¿Por qué los políticos se niegan a considerar siquiera la reforma tributaria que Chile necesita?
Quienes
detentan el poder hoy en Chile, y sus partidarios, se jactan de los buenos
índices que el país muestra en términos de crecimiento, ingreso per cápita,
empleo y vivienda. Nada dicen, sin embargo (y sus opositores guardan cómplice
silencio), acerca de los dos brutales estigmas que arrastramos en materia de
equidad:
·
Uno de
los sistemas tributarios más inmorales, injustos e inequitativos del mundo;
·
Una de
las peores distribuciones del ingreso familiar (y, por consiguiente, de la
riqueza) del planeta.
El sistema tributario es inmoral porque, aparte de contener numerosas
franquicias que permiten eludir impuestos a los más pudientes (haciendo que su
carga tributaria sea incluso inferior, en términos porcentuales, a la de los
menos favorecidos), lleva implícito
desde 1984 un grosero subsidio a las empresas (y, por ende, a los empresarios),
otorgado con recursos de todos los chilenos (incluso de los más desposeídos), y
que totaliza varios miles de millones de dólares anuales.
Este
subsidio se produce porque en Chile, al
contrario de lo que ocurre en todo el resto del mundo, las empresas NO tributan
(el impuesto de primera categoría al que están afectas, es en la práctica un
pago provisional a cuenta de los impuestos de sus propietarios, de manera que
éstos tienen derecho a rebajarlo de su global complementario o del impuesto
adicional, según establece el artículo 20, primer párrafo, de la Ley de la
Renta), por lo que todo el uso que ellas
hacen de los sustanciales servicios y beneficios que les otorgan el Estado y la
sociedad ―un mercado de bienes y servicios donde colocar sus productos y
adquirir sus insumos; un mercado laboral donde contratar a sus trabajadores; un
marco normativo para desenvolverse y resolver los conflictos que se les
presenten; una infraestructura caminera para distribuir su producción; un
sistema económico pujante que les permite crecer y desarrollarse; un sistema
monetario para efectuar sus transacciones; seguridad; iluminación pública;
información; convenios bilaterales de comercio, oportunidades y quizás cuántos
otros servicios que se me escapan―, sin
los cuales no tendrían posibilidad alguna de funcionar y menos de obtener sus
utilidades, lo efectúan a título gratuito. En otras palabras, no pagan un
peso por él; lo reciben graciosamente de
regalo, a vista y paciencia de nuestros políticos, de parte de quienes lo
financian: todos los chilenos. ¿Puede haber, en términos tributarios, algo
más inmoral, injusto e inequitativo que esto?
En
cuanto a la distribución del ingreso familiar, ella es tan escandalosamente
mala que el decil más acomodado recibe,
según cifras del Banco Mundial, 28,3 veces más ingresos que el decil menos
favorecido, situación que se ha mantenido sin variaciones (y sin que los
políticos hagan nada por corregirla) durante los últimos 30 años, y que ubica a
Chile entre los quince peores países del mundo en la materia. A modo de
comparación, para apreciar mejor nuestra penosa realidad, en Venezuela esta relación es de 17,8 veces; 15,9 en Estados Unidos;
14,3 en Uruguay; 10,3 en España; 7,8 en Corea del Sur; 6,2 en Suecia; y 4,5 en
Japón. La pregunta obvia es: ¿por qué nosotros no podemos aspirar a cifras
similares? ¿No es acaso esa relación un acuerdo que podemos tomar como
sociedad? ¿Cuánto debiera ser ese guarismo en Chile? ¿Tendrán alguna respuesta
nuestros señores políticos?
Pues
bien, ocurre que la herramienta indicada
para corregir el impresentable subsidio señalado y la que además permite generar
suficientes recursos adicionales (varios miles de millones de dólares anuales) como
para comenzar a enfrentar ahora, de una vez por todas (porque ya se ha esperado
demasiado), la vergonzosa distribución del ingreso, es la reforma tributaria.
Pero no cualquiera. La reforma tributaria que se requiere debe contener (al
menos; se requieren varias más para corregir todas las inequidades que contiene
el sistema vigente), dos medidas drásticas:
· Eliminar
la posibilidad de que los empresarios imputen contra sus impuestos personales
los tributos de primera categoría que pagan las empresas.
·
Eliminar para
siempre el acceso al FUT, para evitar que los empresarios sigan reduciendo sus impuestos
personales con cargo a tributos enterados por sus empresas en períodos
anteriores.
Ésas
son las medidas básicas para enfrentar las lacras que arrastra hoy nuestra
sociedad. Cualquier proyecto de reforma tributaria que realmente pretenda crear
un sistema impositivo más justo y equitativo, debería considerarlas, ya que por
medio de ellas se elimina el subsidio mencionado y se obtienen a la vez varios
miles de millones de dólares adicionales al año, los que provienen en su
totalidad de los bolsillos de los más pudientes. Uno esperaría, entonces, que
en los que se han presentado a la consideración pública estuviesen presentes. Pero
no. Ni en el del gobierno (que más parece una burla en el escenario descrito)
ni en los de la oposición (alguno por ahí menciona tibiamente la segunda
medida), ni tampoco en los de los centros de estudios, están presentes. Parece
que todos se hubiesen puesto de acuerdo en omitirlas.
¿Por qué? ¿Por qué nuestros políticos
persisten obstinadamente en mantener vigente un sistema tan escandalosamente
inmoral e inequitativo? ¿Por qué no hacen nada para corregir sus monumentales
falencias? ¿Por qué protegen a quiénes se benefician de él? ¿Por qué actúan
como si diera lo mismo que estas infamias (porque no merecen otro calificativo)
que se arrastran desde hace ya más de tres décadas, se perpetuasen, asemejando
a Chile más a una sociedad feudal, con señores y vasallos, que a una nación
moderna, donde todos sus habitantes reciben lo que les corresponde y merecen?
¿Por qué se hacen cómplices de este verdadero atentado que se comete contra
casi todos los chilenos, en particular contra la gente más necesitada?
Se
me ocurren cuatro posibles razones (debe haber, seguramente, varias más):
§ Los políticos ignoran la magnitud real de los problemas que afectan a la sociedad
chilena; no están bien preparados; no disponen de los conocimientos ni de la
información necesarios para desarrollar a cabalidad su función; son ignorantes;
§ Los políticos no la ignoran, pero no les interesa; no están ni ahí con
los problemas reales y sólo aplican la ley del mínimo esfuerzo y el máximo
beneficio en su penoso tránsito por el cargo que mal desempeñan; son flojos, negligentes
y aprovechadores;
§ Los políticos no la ignoran, les interesa, pero no saben qué hacer para solucionar los
problemas; son bien intencionados pero carecen de las herramientas adecuadas, y
como no quieren quedar en evidencia, no hablan para evitar que el resto se
percate de ello; son ineptos;
§ Los políticos no la ignoran, les interesa, saben
qué hacer, pero no les conviene
ejecutar los cambios necesarios porque ello, de alguna u otra forma, afecta
negativamente sus intereses; son venales.
Cualquiera
que sea la razón ―alguna combinación de las cuatro anteriores u otra que se me
escapa―, lo concreto es que condena a un altísimo porcentaje de la población de
nuestro país a vivir eternamente como un estrato de segundo orden, como una
clase inferior que no tiene ni tendrá el acceso a los derechos y a las
oportunidades que disfrutan los más favorecidos. Además de perpetuar legalmente
esta suerte de pleitesía que le rinde la sociedad toda a los empresarios, por
la vía de regalarles ingentes servicios que en todo el resto del mundo están
obligados (y no podría ser de otra manera) a pagar.
¿Qué hacer ante tan penoso escenario?
Hay
que actuar en consecuencia: explicarles la situación a los políticos que
ignoran, presionar y controlar a los negligentes para que comiencen a actuar,
identificar y reemplazar a los ineptos y, por supuesto, cortar de raíz a los
venales. Pero lo principal es conseguir
que la sociedad toda tome nota; que los
millones de esforzados chilenos que hoy le regalan, sin saber, parte de su
trabajo a las empresas, sepan lo que está ocurriendo y se percaten de que a sus
representantes no les interesa corregir tamaño despojo. Que se enteren de que,
a la fecha, ninguno de los potenciales candidatos presidenciales siquiera ha
mencionado esta aberrante situación. Que tomen conciencia de que quien lidera
hoy las encuestas, durante cuatro años no hizo nada, pero nada, por corregirla.
Que internalicen que el actual gobierno, como vulgarmente se dice, “no está ni
ahí” con hacer algo al respecto. Así, por lo menos, tendremos la esperanza
de que cuando llegue el momento de concurrir a las urnas, lo hagan
responsablemente y favorezcan con su voto a quienes tengan considerado en sus
programas corregir estas bárbaras injusticias.
Porque
en eso consiste la democracia, ¿verdad?: en que el poder está en manos de la
gente.
¿O
estaremos equivocados?
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